CONVIRTIENDO A LOS NIÑOS EN DELICUENTES… EN MÉXICO

Archivo - En la foto tomada el 03 de diciembre de 2010, soldados presentan a Edgar, "El Ponchis", de 14 años y acusado de delincuencia organizada, homicios y secuestros , entre otros delitos. El martes 26 de julio un juez lo condenó a tres años de prisión, la máxima pensa para un menor de edad.  (AP foto/Antonio Sierra, Archivo)

Xochitl Meseguer

@xmeseguer

Con cada vez mayor frecuencia en México, como en otros países del continente, se renueva el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes aduciendo información falsa e incitando a la “opinión pública” mediante la presentación pública de casos emblemáticos.

Siendo evidentemente grave que alrededor de la mitad de las personas procesadas o sentenciadas por la comisión de delitos tenga entre 18 y 29 años de edad, llama la atención que tanto el discurso de algunos funcionarios del sistema de procuración de justicia y seguridad pública como en algunos medios de comunicación atribuya a los adolescentes y a la “debilidad” del sistema de justicia para adolescentes, la comisión de hasta el 90% de los delitos en nuestro país.

La información que presento señala que esta tendencia hacia la criminalización de adolescentes y los llamados a reducir la edad penal no tienen fundamento y que más bien encubren la falta de implementación de políticas efectivas para la prevención del delito que tengan como eje la garantía de derechos de la infancia y adolescencia y la falta de instrumentación de sistemas de justicia alternativa que atiendan a adolescentes que han infringido las leyes penales, de manera que no reincidan, y que aborden integralmente su rehabilitación y reinserción social.

EL CONTEXTO

Como señala la Red Internacional de Derechos de la Infancia (CRIN, por sus siglas en inglés): “Los políticos y los medios de comunicación juegan con el temor popular de perder el control de cada generación sucesiva de niños si no se les reprime o castiga: niños asilvestrados fuera de control”.

A nivel mundial hay un preocupante y creciente número de países que lejos de cumplir con la garantía de derechos de todos los niños y niñas, han retrocedido en su enfoque de justicia juvenil y están criminalizando a un mayor número de niños y a edades cada vez más tempranas. Hoy 31 países establecen la edad penal a los siete años y otros 11 Estados lo hacen a los ocho.

Esta situación entra en conflicto tanto con las exigencias de la Convención de los Derechos del Niño y su principio sobre el interés superior del niño, que ha de ser una consideración prioritaria, como con su derecho al mayor desarrollo posible.

Lo que la evidencia muestra es que la criminalización de niños y adolescentes causa un daño permanente en un gran número de ellos así como en las sociedades donde esta lógica ha imperado, fomentando la reincidencia en nuevos delitos, cada vez más violentos, que frecuentemente se prorrogan en la edad adulta.

Como lo señala la CRIN en el documento Convirtiendo a los niños en delincuentes: “Rebajar la edades mínimas, como han hecho algunos Estados y otros están considerando hacer, significa estigmatizar como delincuentes cada vez a más niños y cada vez a edades más tempranas reaccionando con un derecho penal que en cada estado está centrado principalmente en el castigo y orientado en criterios retributivos. Es absurdo sugerir que este sistema puede cumplir para los niños con los objetivos requeridos por un sistema penal adecuado, que debería centrarse exclusivamente en maximizar su desarrollo general positivo, así como en la necesaria rehabilitación y reinserción”.

“Como sociedad debemos a los niños un enfoque diferente. Puede brindarse evidencia clara del origen de los actos delictivos graves de los niños, que se desarrollan y afloran de la violencia y negligencia por parte de los adultos, frecuentemente en el ámbito familiar, agravados por la incapacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones de apoyar a los padres en sus responsabilidades de criar a los niños. Cuanto más seria y extrema es la infracción del niño, más seguros podemos estar de que el origen está en el maltrato por parte de los adultos, o en ocasiones simplemente la pérdida trágica de los padres u otros cuidadores clave” (CRIN 2013).

Detener la criminalización de los niños no significa perder de vista las infracciones a la ley que puedan cometer, no significa que los niños o adolescentes que lo hagan eludan la “justicia” o que no se haga nada con respecto a esto. Sino como lo indican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia juvenil (Reglas de Beijing, adoptadas por la resolución de la Asamblea General 40/33 de 29 noviembre 1986): “Los Estados Miembros deberán esforzarse en desarrollar las condiciones que garanticen a los jóvenes una vida significativa en la comunidad, que durante el periodo de sus vidas en el que son más susceptibles de un comportamiento desviado, se promuevan un proceso de desarrollo personal y una educación tan alejados de los actos delictivos y la violencia como sea posible.”

Y frente al argumento de que por la “debilidad” de las leyes de justicia juvenil “la mayoría serán coaccionados o sobornados para continuar con actividades delictivas en beneficio de delincuentes adultos, dada la falta de penas severas para niños y adolescentes”, frecuentemente fundadas la pregunta no debería ser: ¿se están aplicando las leyes y penas a los adultos que lo realizan?

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

Entre los países de América Latina y el Caribe puede documentarse que los países con edades más bajas de imputabilidad penal (12 años) están también entre aquellos donde las tasas de homicidios son mayores.

tabla tasa de homicidiosFuentes: UNODC.- Estadísticas de homicidios 2012. En: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html CEPAL. Panorama Social de América Latina 2012. En: http://www.cepal.org/cgi-

En México y frente al reiterado discurso infundado de que entre el 80 y 90% de los delitos son cometidos por personas menores de 18 años, los datos muestran otra realidad.

De acuerdo con el Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos (INEGI 2012):

• Durante 2011 se abrieron 1,704,535 averiguaciones previas ante el ministerio público del fuero común (personas de 18 años y más)

• Por su parte se registraron 44,852 investigaciones sobre conductas antisociales en que los presuntos responsables fueron adolescentes (2.63% respecto a las personas adultas en el fuero común)

• En ese mismo año estaban internos 4,660 adolescentes (con resolución firme) y 2,190 (en proceso de dictarles resolución)

Por su parte el INEGI refiere en su consulta de registros administrativos:

• En 2012 fueron procesadas por delitos del fuero común 163,446 personas y por delitos del fuero federal 39,253. De éstas 27.9% tenían entre 18 y 24 años en el primer caso y 27% en el segundo.

• Respecto a personas sentenciadas, 108,216 lo fueron por la comisión de delitos del fuero común y 35,891 por delitos federales. En este caso la proporción de jóvenes de 18 a 24 años fue de 29.7% y 27.2%, respectivamente.

Con referencia al delito de “corrupción de menores” el cual estaría asociado al creciente número de adolescentes procesados y sentenciados en nuestro país y que generalmente son inducidos a la comisión de delitos por parte de adultos sea en lo individual o como parte de grupos de la delincuencia organizada, llama la atención que:

adultos procesados

CONCLUSIONES

• El creciente discurso criminalizador de niños y adolescentes en México no tiene fundamento en la información oficial disponible

• El establecimiento de la edad penal a edades tempranas no es efectivo para la prevención de delitos, especialmente homicidios

• Hay un evidente vacío en la aplicación de la justicia hacia los adultos que inducen a niños y adolescentes a delinquir

• La evidencia indica que es en el establecimiento de un sistema de garantía de derechos de la infancia que la seguridad de niños y niñas, y de las sociedades en que viven, puede ser garantizada

• En este marco, ¿cuál es el propósito del discurso criminalizador? ¿Por qué, lejos de abrir un debate abierto e informado sobre la participación de niños y adolescentes en actos delictivos y sobre la agenda pendiente para la prevención del delito y para el establecimiento de un sistema efectivo de justicia juvenil, se insiste en la presentación de casos emblemáticos para crear una corriente de opinión favorable a esta criminalización?

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