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EL LARGO CAMINO A NOCHIXTLÁN

VictimsOfrecorte

Luis Alberto Barquera*

Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó una reforma educativa que pretendía responder a una amplia demanda de la sociedad. El INEE se constituyó en un organismo público autónomo y quedó encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Pero junto a los cambios constitucionales y el fortalecimiento del INEE, para mí el cambio más importante, no llegó una nueva manera de ver a la educación en México. Las autoridades educativas en los estados siguieron funcionando a la “antigüita”, se redujo el problema a un sindicalismo “bueno” y a otro “malo” y, sobre todo, se olvidó que el problema magisterial tiene hondas raíces en la pobreza y la desigualdad de México.

En este sentido se olvidó también que los sucesivos gobiernos de la república fueron cómplices, por acción u omisión, de la situación actual. Nochixtlán es la punta del iceberg. El conflicto actual viene de lejos: de la discriminación, del racismo, de la exclusión, de la represión, de la corrupción y, como sucedáneo, del control político del magisterio, de la venta de plazas, de los aviadores, tanto del SNTE como de la CNTE, y del abandono de los maestros y de los niños y niñas por parte del gobierno de la república durante décadas. Es la historia de Elba Esther Gordillo, de sus antecesores y sucesores, incluso de sus opositores, y de un estado que abandonó su responsabilidad como autoridad educativa. Es el déficit de Estado, la falta de estado de derecho, la falta de recursos donde más necesitan.

La equivocación más importante es que se pensó que el único culpable de todo este desastre es la CNTE. Nochixtlán es el símbolo de que la reforma no llegó con el talento y la decisión que se requiere para echarla para delante en los cuatro estados que se consideran con mayor influencia de la CNTE: Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

No se ha tomado en cuenta que en esas cuatro entidades hay lugares en los que no ha llegado siquiera la Revolución Mexicana, ya no digamos la democracia, el debate y el debido proceso.

Algo de lo que está ahí, más allá de la CNTE, es cómo viven las niñas, los niños y los adolescentes en esos estados de la república. Quizá identificar estos elementos con claridad ayude a generar una nueva mirada frente al problema.

¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS?

Población. A nivel nacional se considera indígena 21.5% de la población. Pero en Oaxaca la proporción de pertenencia indígena es tres veces mayor (65.7%), en Chiapas es de 36.2%, en Guerrero de 33.9% y en Michoacán 27.7%.

Por otro lado, mientras a nivel nacional el porcentaje de población que reside en localidades con menos de 2,500 habitantes es de 23%, la proporción en estas cuatro entidades es muy superior: en Oaxaca y Chiapas alcanza a la mitad de la población (51.6% y 50.3%, respectivamente), en Guerrero es de 40.5% y en Michoacán 31.3% (INEGI, 2015).

Garantía de los derechos de la infancia. Esos estados, de acuerdo con el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia, de ODISEA, A. C., son los más rezagados del país en términos de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes: Chiapas, 32; Guerrero, 31; Oaxaca, 30 y Michoacán, 28 (el lugar 29 corresponde a Veracruz).

Pobreza e IDH. El reciente informe del CONEVAL y UNICEF, Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, señala que se encuentra en pobreza el 82.3% de la población de 0 a 17 años en Chiapas, el 72.6% de Oaxaca, el 72% de Guerrero y el 65.5% de Michoacán, muy por encima del promedio nacional de 53.9%.

Por sus mayores porcentajes en el indicador, Chiapas ocupa el lugar 32, Oaxaca el 31, Guerrero el 30 y Michoacán el 26. En estos estados se concentran 4.77 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2012, del PNUD, confirma que estas entidades se ubican entre las más rezagadas del país: Chiapas, 32; Guerrero, 31; Oaxaca, 30 y Michoacán 29.

PLANEA. Dado que la CNTE impidió levantar la prueba en estos cuatro estados, en los “Resultados estatales” de PLANEA 2015 no se incluye información sobre ellos.

En la prueba PISA 2012 se indica que los estudiantes que se encuentran por debajo del Nivel II, no tienen las competencias mínimas para desarrollarse en la sociedad del conocimiento. En Chiapas se ubican, por debajo de ese nivel, el 74% en Matemáticas, 68% en Ciencias y 32% en Lectura. En el caso de Guerrero 80% en Matemáticas, 72% en Ciencias y 34% en Lectura. No se cuenta con información para Michoacán y Oaxaca.

No asistencia a la escuela y rezago educativo. Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca reúnen, ellos solos, a 856, 745 niños fuera de la escuela, una población total similar a la del estado de Campeche (899,931). (INEGI, 2015)

En el grupo de 3 a 5 años la inasistencia es de 31.2% (frente al 26.5% nacional), en el de 6 a 11 es de 2.8% (nacional 2.0%), en el de 12 a 14 es de 9.3% (nacional 6.4%) y en el de 15 a 17 es de 32.9% (nacional 26.5%).

PISA 2012 también ofrece información sobre la población de 15 años en primaria o fuera de la escuela, lo que indica rezago educativo (15 años o más sin educación básica completa): Michoacán 37.2%; Chiapas, 29.6%; Guerrero 29.2%, y Oaxaca 24.9%

PROSPERA. Prospera tiene un padrón nacional de 6,168,900 familias activas y un total de 6,195,070 becarios activos de primaria, secundaria y educación media superior (Bimestre operativo enero-febrero 2016, con corresponsabilidad septiembre-octubre 2015.).

Estos cuatro estados, concentran 1,909,446 familias, el 31% de las que están activas en ese programa. Por su mayor cantidad de familias Chiapas ocupa el lugar 32, Oaxaca 28, Guerrero 27 y Michoacán 26.

El total de becarios en educación básica y educación media superior es de 1,954,609, lo que arroja un promedio de becarios por familia de apenas 1.02.

La importancia de los apoyos de Prospera se aprecia en la proporción de becarios sobre la matrícula total de esos cuatro estados: 45.7% en educación básica y 63.2% en educación media superior.

¿Y LUEGO?

  1. Voltear hoy la mirada a Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca implica hacerlo pensando en que el Estado debe garantizar derechos en contextos del mayor atraso social. No hacerlo significa seguir posponiendo la posibilidad de construir condiciones para el desarrollo y la paz en el mediano y largo plazo.

Estamos hablando de cuatro estados con una determinante ruralidad de sus poblaciones, con una importante proporción de población indígena, con una pobreza infantil impresionante y un IDH de los más bajos del país. Sabemos que en resultados de aprendizaje, aunque la información es incompleta, se ubican en el grupo de los más atrasados de México. Y los números indican que la exclusión educativa es amplia, por decir lo menos.

Por eso, de entrada, y porque parece que no es evidente, hay que decir que se requiere de una amplia reforma social en esas entidades de la república. Esta es la forma, no el garrote, de comenzar a desactivar la desproporción y la estupidez de todos los que se han alimentado de la injusticia, la trampa y la pobreza.

  1. Lo anterior requiere de una nueva forma de ver el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y la de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. SE REQUIEREN LAS DOS COSAS PARA QUE TODOS GANEN EN ESTE JUEGO. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
  2. En este marco vale la pena analizar a Prospera, el programa federal insignia de transferencias condicionadas, porque puede ser un el instrumento más importante del gobierno para focalizar acciones de desarrollo hacia la población más pobre y lograr efectividad, sin embargo no se aprovecha cabalmente. Aunque la evaluación demuestra que ha sido importante para que muchos niños accedan a la educación (y a la salud), dista mucho de cumplir con uno de sus objetivos, que es desarrollar capacidades educativas reales, por lo que no alcanza a funcionar como un instrumento verdaderamente igualador.

Si se quiere mayor igualdad se tendría que avanzar en lo que propone Carlos Muñoz Izquierdo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, para esos becarios: “las becas que distribuye la SEDESOL (a través del “Programa Oportunidades (Prospera)”) son entregadas a las familias sin implementar en las escuelas a las que asisten los becarios, las medidas pedagógicas que son indispensables para ofrecer a esos alumnos una educación que se adecue a las condiciones socioculturales en que se encuentran. Como reiteradamente se ha demostrado, esas ayudas financieras son necesarias, pero insuficientes, para asegurar los aprendizajes de los niños.”

Prospera, además, tendría que preocuparse por los niños fuera de la escuela: sólo alcanza, a nivel nacional, un promedio de 1.004 becarios por familia. ¿Y todos los demás niños, niñas y adolescentes que integran el padrón de familias de ese programa pero no son becarios? Están trabajando o migrando o siendo explotados de múltiples formas y Prospera no se utiliza a su máximo potencial.

Por cierto, a este programa le vendría muy bien trabajar con enfoque de derechos. Esa sería una verdadera refundación, para garantizar calidad y promover acciones cada vez más integrales, como las que se requieren para atender a los niños y niñas jornaleros y a todos aquellos que por sus reglas de operación no son atendidos “porque no se puede”.

Los apoyos, sin sustancia, sin calidad, se convierten en dádivas, lo que refuerza nuestras desigualdades. El horno no está para bollos, pero se sigue haciendo lo mismo.

  1. En este sentido, en la lógica del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), urge entender que el problema no sólo es del “sector” educativo. El INEE señala en su Informe 2014 que las causas de la inequidad en la educación no están en las políticas sectoriales. “Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos. Por esa razón, el combate a la inequidad educativa necesariamente requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población.”

Para enfrentar la inequidad educativa, el principal problema del Sistema Educativo Nacional (SEN), se requiere evitar las soluciones homogéneas e impulsar políticas intersectoriales que permitan combatir de manera pertinente y sinérgica el problema.

El gobierno todavía no acaba de ver que el SIPINNA es el instrumento para modificar la política pública, generar articulaciones y orientar recursos adecuadamente. Toda la administración pública tendría que estar subida en ese barco.

  1. Las políticas deben transformarse. La inequidad es causa y efecto de la inercialidad programática. Hay que transformar Prospera. Hay que integrar las escuelas del CONAFE al sistema educativo regular, como propone Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación de la ONU. Se requiere invertir en el INEA y colocar su oferta donde más se necesita. Urge redefinir los programas supuestamente orientados a enfrentar la inequidad educativa, para garantizar los derechos de las niñas y los niños indígenas, jornaleros, con discapacidad y habitantes de localidades rurales. Necesitamos una sacudida programática.

En suma, se requiere una política educativa orientada a la equidad, sin olvidar que la falta de calidad de la educación atraviesa todos los estratos sociales. En Jalisco, por ejemplo, en la Prueba PISA 2012, 43% de los adolescentes están por debajo del Nivel II en Matemáticas y 45.1% de la población de 15 años está en primaria o fuera de la escuela, con lo que ocupa el último lugar del país. La mala calidad y la exclusión educativa recorre todo México y no afecta sólo a las entidades más pobres.

  1. Se requiere un presupuesto más equitativo e inteligente. No es posible que sin importar lo que digan el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Sectorial, incluso la ley general de educación, siempre puede aparecer en el PEF un programa como MiCompu.Mx, al que se le asignaron en el PEF 2016 $750,000,000. Con este recurso se podría financiar 1.5 veces al INEA (que tiene $503,148,533), 1.5 veces al Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil (que tiene asignados $500,000,000) y 1.4 veces al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que tiene $534,638,792). Obviamente hay otras prioridades que no son resolver las desigualdades en la educación básica.

Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros que se requiere para proporcionar un servicio de calidad, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (CEMABE) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9% de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3%) y sólo 65.5% de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8% es el promedio del país). ¿Para cuándo?

  1. La reforma educativa no avanza porque es terriblemente inercial en lo político. Perdón, pero seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores, y más lejos aún, si nos adentramos en la larga noche de los “Nochixtlán” de nuestra historia.

Un problema son las estructuras anquilosadas y corruptas, que siguen provocando la sumisión de la escuela intereses creados y permanecen activas prácticamente en todas las entidades del país. Se requiere instaurar reglas claras y aplicables para todos, sin distingos, llámese SNTE, CNTE, gobiernos estatales y/o gobierno federal.

Claro que se requiere una reforma laboral, pero no sólo eso. Qué bueno que la autoridad recuperó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero ahora hay que hacer las cosas de otra manera.

Es ineludible atacar la corrupción y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo.

Resolver esto es ineludible para resolver el conflicto con la CNTE. Y los maestros deben ser parte de la solución, de una solución concertada, amplia, compleja, inteligente, para salir del hoyo de una vez por todas.

  1. El INEE ha hecho su tarea en medio de las restricciones que tiene y lo que ha fallado es la política. La reforma educativa está coja. El gobierno debe reconocer que, además de ser parte del problema, se ha equivocado en la operación de la reforma tanto en estos cuatro estados como, en su medida, en el resto del país.

Si se quiere legitimidad, no se puede decir que la tragedia de Nochixtlán  se ha producido “en nombre” de los niños, niñas y adolescentes. Eso es una barbaridad.

  1. La educación no está aislada de otras características de nuestro subdesarrollo ni de la dinámica social, cultural y política. Desgraciadamente, como dice bien Miguel Ángel Vázquez, “Hay una obsesión por no querer entender la complejidad del tema.”

Nochixtlán no es sólo un problema para la SEP. Por eso sonó absurdo que el secretario Nuño dijera que no iría al encuentro en la Secretaría de Gobernación el 21 de junio, porque allá no se tratarían temas educativos sino políticos. Como si después de todo lo dicho anteriormente pudiéramos afirmar que la educación “no” es política.

  1. Como dice Eduardo Andere “la falta de educación no es la principal causa de los grandes problemas nacionales ni globales (…) En lo estructural están los temas de pobreza y segregación; en lo cultural la falta de hábitos proclives al aprendizaje; y en lo político, los problemas de autoritarismo o democracias simuladas (…) Si pensamos que la política educativa nos sacará de todos estos problemas, es iluso; a menos que la política educativa incluya los instrumentos propios de otras políticas como la social, la cultural, la de justicia, entre otras. Los líderes se confunden al pensar que la falta de educación es la causa de nuestros problemas “sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.

En fin. Pensar en que pedir el diálogo es apapachar a la CNTE es un error, lo mismo que pedir la escalada del enfrentamiento. Es hora de explorar otros caminos. Cualquiera que conozca al país, en particular esos estados, sabe que la solución no pasa por la violencia, sino por una solución política acompañada de soluciones reales, como las que se han señalado.

También es hora de la empatía, para entender o aproximarnos a entender la profundidad de los cambios que se requieren. ¿Qué siente una madre que lleva a sus hijos a una escuela donde no hay clases y que además sabe que sufrirá represalias si protesta? ¿Qué hace un maestro  sometido al “pase de lista”? ¿Qué hace otro que quiere ser evaluado pero tiene miedo a perder su trabajo? ¿Qué pueden hacer todos ellos y ellas en contextos de superávit de caciques? ¿Qué pueden hacer cuando están enterrando a sus muertos y los detienen las autoridades sin explicación alguna? ¿Qué hacen cuando no tienen acceso a la justicia?

¿Qué hacer en un mundo de pobreza, donde no se puede disentir, sin opciones, bajo la “Ley de Herodes”?

MEMORIAS DE UNA NIÑA TRABAJADORA: “ME HUBIERA GUSTADO APRENDER MÁS”

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Luis Alberto Barquera

Para Xóchitl Meseguer, por nuestra búsqueda

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil rescato una entrevista que me dio mi querida Paz Lemus, en octubre de 2013, en Zacatecas, Zac., y que yo convertí en un relato en primera persona para escuchar su voz. Aquí se reúnen los riesgos, la losa del machismo, los efectos de la exclusión y la infancia  perdida en la lucha por la sobrevivencia, pero también los sueños de una niña a la que la escuela rescató de las garras del trabajo infantil y dio autonomía. Urge que en México un verdadero sistema de protección especial, que ordene tomar medidas pertinentes para eliminar el trabajo infantil y garantizar que todas las niñas, los niños y los adolescentes ejerzan su derecho a la educación y logren alcanzar su máximo potencial.

En Santiago, Nayarit, donde nací, trabajé desde chiquita.  A los ocho años ya  vendía  flores, fruta, calabacitas, elotes. Mi mamá compraba todo lo que pasaba por ahí y luego lo vendíamos. Una vez compró un camión de sandías.  A veces compraba puercos, que luego engordaba para venderlos.  Cuando no  vendía una cosa vendía otra. También  le ayudaba a mis hermanos en el trabajo del campo. Ensartábamos el tabaco en un hilo muy largo para ponerlo a secar. Recogíamos frijol, algodón y maíz, para juntar dinero. Era duro para un niño. Trabajé de dependienta en una casa de abarrotes y de ropa. Otra vez estuve en una casa de chinos, donde ayudaba en lo que se ofrecía.  Ahí me pagaban un peso diario; todo lo junté y se lo di a mi mamá para comprarnos una casa. El chino me molestaba y me perseguía todo el tiempo. Me compró un anillo de compromiso con tal de que me dejara atrapar. Sólo paró hasta que su mamá le dijo: “si le haces algo te caso con ella”. Yo tenía 12 años y él 22. Una niña se expone mucho cuando trabaja.

REBELDÍA DE LAS VÍCTIMAS Y HOMICIDIOS EN VERACRUZ

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Luis Alberto Barquera

Para Ester con solidaridad y cariño, por estos seis años

Hace unas semanas leí “México 2010. Diario de una madre mutilada” (2011), de Ester Hernández Palacios. Desde entonces quiero escribir esta nota, pero no me han dejado la desazón, la pena, las lágrimas. Me siento impotente mientras trato de pensar en cómo me educa una víctima como Ester y su texto, en la lucha contra la violencia en Veracruz.

Ester teje con maestría, a través de un permanente contrapunto entre alegría y dolor, luz y oscuridad de la mano, momentos cristalinos e instantes de locura, entre el sueño y la pesadilla, entre el amor y el horror, entre la vida y la muerte, para marcar un antes y un después del 8 de junio de 2010, cuando su hija Irene, de 26 años, y su yerno Fuoad, fueron asesinados con crueldad.

Ester, desde entonces, escribe su nombre sin “H”. Ya no hay “Esther”, ahora es “Ester”, la madre mutilada para siempre. No es para menos.

Me refiero a un texto de “no ficción” sobre la experiencia de Ester en el infierno. El personaje es ella y su caso es tan real como un número en la frialdad de la estadística. Ocurre en su pellejo y en un texto literario producido por ella misma.

Perdida ella se pregunta: “¿Qué fuerza demoníaca, permite que sucedan estas cosas?” Sólo atina a decir: “Sé que estoy viva porque me escucho respirar, pero miro las cosas como si viviera desde fuera de mi cuerpo?” El libro está regado de perlas de dolor, que la literatura intensifica: “Estoy hecha una piltrafa que no ata ni desata. Me muevo como zombi por mi casa.”(…) Un miembro amputado duele. Es una verdad reconocida por la ciencia médica.” (…) “Mi rebeldía está rota, no sé si recuperaré mi voluntad. No tengo esperanza ni coraje.” (…) “Cuando abro los ojos tengo la certeza de que mi cuerpo y mi mente están hechos pedazos desperdigados en mi lecho” (…) “Como una mariposa clavada a su alfiler, me incorporo al día”

Ester complementa su mirada hacia adentro, ubicándonos en una guerra. Para darnos el mundo externo a su dolor utiliza otros textos, como “Xalapa: la máscara de la muerte roja”, de Javier Hernández Alpízar, quien acusa que esta ciudad, la ciudad de Ester, “era aún una especie de jardín en medio del desierto. Pero el miedo era síntoma de lo que se negaba (…) Nadie contó con una voz que protestara (…) Ojalá que no regrese el silencio, que no se repita la situación de negación de esos dos asesinatos. Tal vez si desde antes se hubieran levantado las voces, ahora podríamos hablar de otras cosas, de arte, literatura o hasta de futbol, sin estar evadiéndonos de la realidad”

Armando Ortíz, en “Casa (Xalapa) tomada”, señala: “Sabíamos que no era verdad lo que decía y aún así les aplaudimos (…) Las señales ahí estaban, no las quisimos mirar (…) Poco a poco nuestra casa fue tomada, como en el cuento de Cortázar (…)  A las autoridades les pido que hagan algo o de plano, se los suplico, dejen de hacer lo que están haciendo.”

Ester subraya que no todo está en los pliegues del dolor y de su mente. Que parece que no entendemos; que continuamos paralizados por el miedo. Que ahí está la realidad rotunda.

En efecto, con información sólo para los primeros cuatro años del sexenio, tenemos que de 2010 a 2014 ocurrieron 3,618 homicidios (incluyendo a la hija y al yerno de Ester), mientras que entre 2004 y 2010 fueron 2,589. El promedio anual de homicidios en el sexenio 2004-2010 fue de 431.5, en tanto que entre 2010-2014 alcanzó los 904.5, es decir, más del doble, sin contar 2015 y 2016 aún no disponibles. En cuanto los homicidios de niñas, niños y adolescentes tenemos que en el sexenio 2004-2010 el promedio fue de 28.3 por año, en tanto que entre 2011-2014 alcanzó 48.5. No hay duda que vivimos una situación de horror que ha venido creciendo y que soportamos como si nada pasara.

Homicidios por sexenio HomicidiosAnualesVer HomicidiosNinaNinosMe quedo con que el monstruoso elefante sigue en la sala. Luis Hernández Palacios, hermano de Ester, dice en el libro que “El temor es compañero permanente de la vida diaria.” Pero también hace un llamado: “Ante estas situaciones límite, bien vale la pena abordar una iniciativa colectiva, de reflexión y acción, para proponer la recuperación del Estado de Derecho.” ¿Reflexión y acción?

Reflexión. Ester nos deja un texto que nos ayuda a preguntarnos: ¿cómo te sentirías tú si te hicieran eso?  Claro que lloré mientras leía. La empatía, como diría  Martha Nussbaum, es un tipo de intimidad mental con el otro. La integridad y valor de Ester también nos dice con su libro, siguiendo a Lynn Hunt, que “al final la mejor defensa de los derechos son los sentimientos, las convicciones y las acciones (…) uno conoce el significado de los derechos humanos porque se siente afligido cuando son violados.” (2009, p. 220).

Ester como escritora de su propia tragedia, observándose a sí misma, logra hacernos parte de su destino, compartiéndonos su experiencia. Aquí es donde la imaginación literaria, como dice Martha Nussbaum, es “un ingrediente esencial de una postura ética que nos insta a interesarnos en el bienestar de las personas cuyas vidas están tan distantes de la nuestra (…) una ética de respeto imparcial por la dignidad humana no logrará comprometer a seres humanos reales a menos que éstos sean capaces de participar imaginativamente en la vida de otros, y de tener emociones relacionadas con esa participación.” (1997, p. 18).

Me quedo con un buen texto. Tal vez si nos acercáramos más a las víctimas, a través de libros como este, las comprenderíamos mejor y aceptaríamos que callados e inactivos sólo se eterniza una situación de violencia inaceptable. Pero en México no se lee y la ignorancia campea.

Acción. ¿Cómo la vida le gana a la muerte? Dice Ester: “Una parte de mí se ha ido para siempre. Pero aún sigo viva. No puedo renunciar: tengo otras hijas” Al final el valor, el impulso de la vida, el amor, los vínculos, salen adelante. “No te preocupes –le dijo su nieto—mi hermana y yo te vamos a volver a coser.”

El libro termina el 7 de julio así, en complicidad con su nieto: “Cierro los ojos: me duelen, como si fueran de cristal astillado. Probablemente sea por tantas lágrimas. Tomo en las mías las manos de mi nieto. Tienen el tamaño necesario para enhebrar un hilo, la tranquilidad para zurcir y la fuerza para amarrar el nudo.” ¿Hay esperanza?

Me quedo con la increíble la fuerza de Ester. Siempre parece que se va a caer: “Me niego a ser comparsa. No creo en la justicia de mi estado, no creo en la justicia de mi país. (…) En lo único que creo es en el poder sanador de las lágrimas.” Pero no se rompe del todo. La fuerza increíble de las víctimas es que se derrumban pero siempre tienen un nieto que las cose; aunque se descosan, las vuelven a coser.

Ester es de las víctimas que mientras viven su dolor, además, se tienen que hace cargo de la vida de otros. Tiene una hija con discapacidad y se da tiempo de impulsar El Taller, “un proyecto en educación artística dirigido principal, aunque no exclusivamente, a niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad intelectual”.

¡Qué bárbara! El Taller y su hija Beatriz son absolutamente reales, no son literatura. ¿De dónde saca su fuerza Ester? Pienso que de su rebeldía frente al silencio, que se traduce en cuidar de su familia, impulsar El Taller, no cejar en su militancia combativa por verdad y justicia para las víctimas o en contribuir con la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Veracruz (REDIV).

Me quedo con su gesto ético y con la idea de que no tiene caso esconder la cabeza como avestruz. Ester es tan valiente que hace todo con su nombre sin “H”, sonríe y es buena amiga. Me consta. Es tan profunda que supo ver en su dolor un libro terrible y lleno de amor. Es tan vulnerable que no se rinde, ni en estos días seguramente terribles para ella.

Muchas gracias, Ester, por tu rebeldía y por volverme a coser con este libro magnífico.

@luisbarquera

BASTA DE TELÉFONO OCUPADO PARA NIÑAS Y NIÑOS INDÍGENAS

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Luis Alberto Barquera

 

Bonito el artículo de Juan Villoro del 6 de mayo, en Reforma, en el que cuenta la historia de Rosalba Tepole Quiahua, “una niña que soñaba con elocuencia en náhuatl y en español”, nacida en Zongolica,  Veracruz.

La anécdota es la siguiente: después de tres encuentros con el rey Juan Carlos, dos en España y uno en Zacatecas, Rosalba logra que el monarca trate su asunto con el entonces presidente Ernesto Zedillo y este le eche un telefonazo al secretario de educación para que le otorguen una beca por seis años.

Producto de esa circunstancia fortuita Rosalba pudo estudiar Ciencias de la Comunicación y una maestría en Comunicación Política. Actualmente dirige la radio indígena de Zongolica, ubicada en uno de los municipios más pobres de México.

Hasta ahí el cuentito. De película de Disney, la verdad. ¿Cuántos telefonazos de este tipo harían falta para superar el actual déficit de derechos de niñas, niños y adolescentes de Veracruz, en particular de los indígenas?

En Veracruz 65.9%, es decir, casi siete de cada diez niños, niñas y adolescentes, viven en pobreza. Esta proporción, de acuerdo con el CONEVAL, sólo es menor a la que se presenta en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

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En términos absolutos el estado cuenta con 1.69 millones de pobres de 0 a 17 años, la tercera cantidad más grande del país, sólo superada  por Chiapas y el Estado de México. Este número increíble de niñas, niños y adolescentes equivale a la población total de los estados de Baja California Sur y Campeche juntos (1.61 millones).

Zongolica es de los municipios que están en el sótano de México. Reside en localidades rurales el 84.9% de su población y habla lengua indígena el 57.1% de los niños y  niñas de 3 a 17 años.

Se encuentran en pobreza cerca de nueve de cada diez personas (85.9%), de las cuales casi seis de cada diez (56.1%) se ubican en pobreza extrema. Evidentemente existe una enorme desigualdad entre la proporción en pobreza de este municipio y el promedio del estado. Mientras que en Veracruz el porcentaje en pobreza es de 58.3%, en Zongolica es de 85.9%, una diferencia de 27.6 puntos.

El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia en 2013 ubicaba a este municipio en el lugar 2,164, de 2,456 en ese año, en términos de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En 2013 se ubicaba en el lugar 178 de 212 municipios del estado en ese indicador y para 2015 descendió hasta el lugar 193. Quizá a esto se refiere Villoro cuando dice que “Rosalba contaba con la buena voluntad de un rey pero con pocos apoyos en el entorno.”

Mientras escribía este texto recibí la noticia de que Karina A. Bautista González, egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sede Huasteca, ubicada en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, participará por sus méritos en dos cursos de capacitación impartidos este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La UVI, una audaz propuesta de educación superior para jóvenes indígenas, apenas recibe $ 2 millones 159 mil 074 pesos, de acuerdo con el PEF 2016. Una vergüenza. Gobierno gasta 47.4 mdd para que el Cirque du Soleil desarrolle un show inspirado en México En tanto el gobierno de México gasta 47.4 millones de dólares (más de 805 millones de pesos) para que Cirque du Soleil desarrolle un espectáculo de promoción turística de México.Gobierno gasta 47.4 mdd para que el Cirque du Soleil desarrolle un show inspirado en MéxicoGobierno gasta 47.4 mdd para que el Cirque du Soleil desarrolle un show inspirado en México

Rosalba tuvo la suerte de viajar y toparse en su camino con el rey Juan Carlos. De forma por demás fortuita, de cariz ultramarino, con tres encuentros imposibles con el rey de España, pudo cumplir su sueño de estudiar.

Karina se encontró que una política pública que, pese a ubicarse en los márgenes de la inversión educativa, sirvió como detonante de su potencial.

Millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran sepultados por la pobreza y la falta de oportunidades. La ruralidad y la condición indígena multiplican las condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Ya toca hacer las cosas de otra forma para hacer que florezcan todas las Rosalbas y Karinas que exigen, no favores o regalos, sino efectividad en sus derechos.

En Veracruz 29.7% de la población de 0 a 17 años, 768 mil 200 niñas, niños y adolescentes, tiene pertenencia indígena y vive en condiciones inaceptables. Es absurdo pretender que los problemas de violaciones de derechos de  NNA los solucione la suerte o un rey que gestione llamadas telefónicas.

Necesitamos políticas públicas adecuadas y coordinadas, así como recursos suficientes, cosa que tendría que ser tarea del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Integral, base para la garantía, protección y la defensa de los derechos de NNA.

Tenemos que hacer que el estado funcione para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de NNA en la práctica y en los municipios, comenzando con los de mayores rezagos.

Y para lograr eso no sirven las leyes de papel. Ojalá se entienda esto, ahora que se instalará el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de NNA en Veracruz. De otra forma, cuando busquen respuestas, niños y niñas seguirán escuchando en el auricular: “Número ocupado”… en quién sabe qué tanta tontería. Y no encontrarán un rey que le diga al presidente lo que tiene que hacer.

GARANTIZAR EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN VERACRUZ

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Luis Alberto Barquera

Con cariño para las organizaciones de la REDIV

¿Qué podemos hacer por un Veracruz tan lastimado por las violaciones de derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes? En mi opinión luchar porque el Estado funcione y dar el debate, con inteligencia y corazón, para construir sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) que den efectividad a los derechos.

El 26 de abril la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Veracruz (REDIV), que reúne a 14 organizaciones del estado, dio a conocer el Comunicado 1 de su Observatorio de la Efectividad de los Derechos con un llamado a los candidatos y la candidata a la gubernatura del estado de Veracruz a comprometerse públicamente a hacer que el estado funcione para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de NNA.

La REDIV afirma que tomar los derechos en serio es luchar por su efectividad, con base en la normativa nacional e internacional. “Para estrechar la brecha entre lo que se dice y lo que se hace realmente, el Estado debe impulsar políticas públicas para lograr realizar lo que tratados y leyes nacionales y estatales nos ordenan como sociedad. Para hacer esto posible se requiere una nueva institucionalidad, que comienza con la instalación del Sistema Estatal de Protección Integral.”

El gobierno del estado tiene una enorme deuda pendiente con la garantía efectiva de los derechos de NNA de Veracruz, como lo muestra el Comunicado 1 de la REDIV. El diagnóstico presenta enormes desigualdades, destacando indicadores en que la entidad ocupa los últimos lugares del país. También incorpora aspectos que atraviesan la problemática más amplia de toda la sociedad y que afectan de manera particular a NNA, que no siempre se destacan con relación a la efectividad de los derechos.

Uno es la corrupción. Por ejemplo, en el Derecho a la supervivencia, se apunta que el informe de la ASF de la cuenta pública 2013 muestra que en la media en que no se realizó una gestión financiera eficiente y transparente de los recursos y no se cumplió con los objetivos y metas de los fondos federalizados, se  impactó negativamente en la salud de NNA.

Otro es la falta de políticas intersectoriales. En el Derecho al Desarrollo se anota, siguiendo el Informe 2014 del INEE, que para enfrentar las desigualdades educativas urgen políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población.

Un tercero es la impunidad. En el Derecho a la Protección se destaca que el caso de Daphne, presuntamente violada por los Porkys de Costa de Oro en 2015, en Boca del Río, “es sólo un botón de muestra entre muchísimos otros ocultos por el miedo y la inseguridad. Este nuevo crimen nos muestra los estragos de una cultura marcadamente machista, tolerante a la violencia y la impunidad y, sobre todo, de un Estado que no ha sido capaz de garantizar seguridad y justicia para todos los NNA. En medio de una situación tan grave la Procuraduría de Protección de NNA del Estado tendría que ser más activa.”.

La REDIV concluye que “Corrupción, falta de políticas adecuadas y de coordinación interinstitucional e impunidad están en el centro de la violación de derechos de NNA.” Asimismo, concluye que “el problema de la garantía efectiva de los derechos de NNA no es responsabilidad sólo del DIF, sino de todas las instituciones que integrarían el Sistema Estatal y de los Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.”

Es en este marco que el Comunicado 1 propone a los candidatos incorporar a sus agendas de campaña los siguientes doce puntos:

  1. Aplicar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado De Veracruz de Ignacio de la Llave (LDNNAV) y garantizar la efectividad de todos los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) a través del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de NNA, colocando en el centro su desarrollo en los municipios y asumiendo que la responsabilidad de su funcionamiento es del gobernador o gobernadora constitucional del Estado de Veracruz.
  2. Asegurar que la construcción del Sistema de Protección Integral, tanto a nivel estatal como municipal, signifique una institucionalidad claramente diferente a la de asistencia social que recae en los Sistemas estatal y municipales DIF.
  3. Garantizar que en el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales participe la sociedad civil, así como niñas y niños.
  4. Establecer un Sistema Estatal fuerte, con una secretaría ejecutiva con capacidad de convocatoria y de realizar la coordinación interinstitucional que se requiere, con peso político y el presupuesto necesario para ejercer las atribuciones que le confiere la ley.
  5. Establecer una Procuraduría Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes capaz de representarlos, protegerlos y defenderlos en los municipios donde viven, cualitativamente diferente a la desaparecida Procuraduría de la Defensa del Menor, Familia y el Indígena.
  6. Realizar un Programa Estatal acorde con la realidad de todos los NNA de Veracruz, con propuestas de política para el Sistema Nacional. En particular, una política integral de combate a la pobreza de NNA, y de inclusión de niños y niñas indígenas y con discapacidad, que asuma la coordinación interinstitucional desde el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales, para garantizar educación, salud y protección integral contra la violencia y la explotación sexual y laboral.
  7. Impulsar Programas Municipales con propuestas de política, porque estas es la forma legal que tienen las demarcaciones para influir en el Programa Estatal y, por tanto, en las políticas estatales y federales, para garantizar efectividad.
  8. Establecer un sistema de información que sirva para la planeación, el monitoreo y la rendición de cuentas. Este sistema debe dar cuenta de cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones.
  9. Realizar la armonización legislativa de todas las leyes estatales con la
  10. Solicitar la asistencia técnica de UNICEF para la realización del diagnóstico de la situación de los derechos de NNA del estado y, en general, para asegurar un óptimo proceso de implementación de la LDNNAV.
  11. Garantizar la protección de defensores de derechos de NNA.
  12. Proponer al Congreso local un presupuesto 2017 adecuado, con base en un diagnóstico preciso y prioridades claramente definidas por grupos de edad, condición étnica, residencia rural-urbana, y regiones, así como propuestas de modificación de las políticas federales y estatales.

La propuesta de la REDIV a los candidatos y la candidata a la gubernatura de Veracruz es oportuna porque el Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección Integral son la base para la garantía, protección y la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin ellos los derechos no se hacen efectivos en la práctica y permanecen como irrealizables y, por tanto, las leyes que reconocen estos derechos devienen en leyes de papel. Sin embargo, pese a su importancia, hasta el 2 de mayo llevamos 123 días sin que el Sistema  Estatal de Protección se instale como ordena la LDNNAV.

El reto es que el Estado cumpla con la ley y asuma al Sistema Estatal como instrumento para transformar las instituciones relacionadas con NNA, aprovechando el viaje para transformarse a sí mismo, eliminando corrupción, políticas inadecuadas e impunidad. A las organizaciones de la sociedad civil les toca dar el debate, aportando elementos de diagnóstico y buenas prácticas, y participar activamente en la construcción del Sistema Estatal y los Sistemas Municipales de Protección. La forma de salir del hoyo es cumpliendo con la ley y dándole efectividad a los derechos.

CORRUPCIÓN Y RECORTE EN EDUCACIÓN

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Luis Alberto Barquera

Para mi querido amigo Jorge Álvarez, con mi apoyo

El reciente Informe de la Cuenta Pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirma que es difícil creer en la buena marcha de la reforma educativa sin que se tomen medidas administrativas y legales que garanticen un buen uso de los recursos públicos en los estados de la república. Y el recorte al gasto educativo deja mucho que desear si lo ponemos en la perspectiva de las prioridades reales del gobierno de la república.

Una nota de Educación Futura señala que ese informe de la ASF indica que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en irregularidades por más de 2 mil 189 millones de pesos, que merecieron 11 observaciones y 21 recomendaciones. Destacan problemas de diseño y de manejo de recursos en el Programa para la Reforma Educativa, el Programa de Becas y el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

Por ejemplo, los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, que se distribuyen entre las 31 entidades del país, alcanzaron 1 mil 255 millones 667.8 pesos.

De acuerdo con la nota de Animal Político, en ese informe se apunta que quedan por comprobar 1 mil 170 millones 664.4 mil pesos. Sólo se han comprobado 80 millones 533.7 mil pesos y se han reintegrado únicamente 4 millones 469.7 pesos.

21 entidades no han comprobado ni reintegrado un centavo. ¿Qué pasa con el dinero para el mejoramiento de la calidad y la educación de niños y niñas en esas entidades de la república?

Veracruz no ha comprobado 13 millones 690.8 mil pesos. Zacatecas no ha hecho lo propio con 61 millones 864.5 mil pesos.

Un reporte de El Financiero, con base en el informe de la ASF, arroja que el gobierno de Veracruz fue denunciado penalmente porque “hacía como que devolvía” 4 mil 770 millones de pesos, pero luego los retiraba “De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014, 14 estados han incurrido en la simulación de reintegros y Veracruz encabeza la lista; además, capta 59 por ciento del total de recursos a los que equivalen las denuncias penales por esa falta.”

Según la ASF, el conjunto de irregularidades observadas entre 2011 y 2014 a esa entidad de la república alcanzan 35 mil 421 millones de pesos.

En el informe sobre la cuenta pública 2014, la ASF señala que en el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado, Veracruz ocupa el último lugar con apenas 5.26 de calificación. Michoacán, el penúltimo del país, alcanza 61.6.

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La nota de El Financiero destaca que entre las observaciones de la ASF se encuentran las “relativas al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que incluyen un posible daño al erario por mil 334 millones 166 mil pesos.”, y que falta por aclarar “qué pasó con 3 mil 848 millones 673 mil pesos referentes a rendimientos financieros no ejercidos y al pago de impuestos como ISR, SAR y por concepto de cesantía y vejez que no entregó a las instancias recaudatorias correspondientes (…) En el fondo destinado a la construcción de escuelas de tiempo completo en Veracruz, la Auditoría detectó un probable daño al erario por 275 millones 181 mil pesos.”

También la semana pasada la Secretaría de Hacienda informó que el SEP tendrá un recorte presupuestal de 3 mil 660.2 millones de pesos en el ejercicio 2016. Al parecer el recorte se concentrará en los programas de becas, expansión de la educación media superior y superior, reforma educativa, desarrollo profesional docente e infraestructura social.

Cabe señalar que en 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto reportó un gasto de 4 mil 357 millones de pesos en publicidad y comunicación oficial. Este monto alcanzaría para cubrir cómodamente el recorte de 3 mil 660 millones a educación.

El reporte 2014 de la ASF le tocó a la administración de Chuayffet. Ya le tocará su turno a Aurelio Nuño cuando el Informe de la Cuenta Pública 2016 se presente en el 2018. Entonces podremos saber si, a través de sus cinco regiones administrativas, el manejo del gasto habrá mejorado siquiera un poco.

Nuño ha reconocido que la reforma educativa está en la etapa de reforma laboral y administrativa. Sin embargo no vemos ninguna medida que vaya en el sentido de evitar resultados como los que presenta el informe de la ASF. En obvio que no puede dejar “manos libres” en los estados, so pena de seguir sin control administrativo en las entidades.

También para el 2018 sabremos si con el diseño de política actual, y el pobre y recortado presupuesto, tendremos una reforma educativa real. Hasta ahora no vemos en las prioridades la construcción de un sistema educativo más equitativo y con calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.

Por lo pronto, corrupción y recorte mandan en el sistema educativo mexicano. Aurelio Nuño debe pensar más en un ejercicio limpio y transparente de los recursos, y en un proyecto que garantice el derecho a la educación para todos los niños y niñas, que en un 2018 todavía muy lejano.

AURELIO NUÑO: ¿CÓMO GENERAR EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO?

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Luis Alberto Barquera

Nuestro reto como sociedad es estrechar la brecha entre el México legal y el México real, entre lo que se dice y lo que se hace. Desde donde estoy veo dos pistas. Una es seguir insistiendo en construir un sistema educativo más equitativo, en términos de acceso y calidad para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). Otra es hacer funcionar el Sistema Nacional, así como a los sistemas locales y municipales, de protección de los derechos de la población de 0 a 17 años, para enfrentar la inequidad educativa a través de garantizar otros derechos. No decirlo, sino hacerlo.

Impulsemos la equidad en el sistema educativo

Aunque se considera uno de sus grandes problemas, la inequidad sigue siendo parte de la naturaleza del sistema educativo nacional. No es algo extraño al sistema, es el sistema mismo. La inequidad es constitutiva en el reparto de los bienes educativos en México. Esto debe de cambiar.

No importa lo que diga el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Sectorial, incluso la ley general de educación, siempre puede aparecer en el PEF un programa como MiCompu.Mx, al que se le asignaron en el PEF 2016 $750,000,000. Con este recurso se podría financiar 1.5 veces al INEA (que tiene $503,148,533), 1.5 veces al Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil (que tiene asignados $500,000,000) y 1.4 veces al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que tiene $534,638,792).

Los recursos destinados al Programa de Inclusión Digital ($1,641,965,792), el programa que ha venido guiado la entrega de laptops y tablets, son enormes, con todo y que la Cámara de Diputados redujo su presupuesto en -34.6% respecto al 2015. Aunque el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa aumentó en 13.2% respecto al año pasado, su presupuesto, como ya vimos, no le llega al de MiCompu.Mx.

Llama la atención que este programa, muy caro por cierto, permanezca en el presupuesto pese a que de acuerdo con el CONEVAL (28 de octubre de 2015) no ha sido evaluado. El rigor en la medición de los resultados de ese programa apenas alcanza un discreto “Oportunidad de mejora” y, fuera de la entrega de 240,000 laptops en Colima Sonora y Tabasco, no hay forma de valorar el impacto del programa en el aprendizaje debido a la falta de evaluación.

Por si fuera poco, el 7 enero 2016 Reforma denunció que las 240,000 laptops dejaron de funcionar en noviembre de 2015, debido a que sólo tenían una licencia de dos años, lo que significa una pérdida de más de750 millones de pesos.

MiCompu.Mx es un programa regresivo, clientelar, electorero y con un enfoque que confunde los medios con los fines. Además, al final, los recursos que requirió ese programa parece que se fueron a la basura. Ni los 240,000 NNA beneficiados tienen su “compu”, ni, por ejemplo, el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, el cual forma parte de la oferta que reúne el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, amplió su alcance. De acuerdo con Sylvia Schmelkes, Consejera Presidenta del INEE, actualmente sólo se atiende al 10% de la población de NNA hijos de familias jornaleros agrícolas migrantes.

No aceptemos este dispendio mientras los hijos de esas familias no estudian por falta de recursos. Asusta que sólo entre 12% y 15 % asiste a la escuela. Trabajemos en hacer una propuesta que reordene los programas orientados a la equidad educativa y rediseñe su presupuesto asociado a metas precisas. Obviamente se debe repensar seguir financiando a MiCompu.Mx como hasta ahora. Incluso debe considerarse excluirlo de los recursos del PEF 2017.

Habría que añadir que la “escuela en el centro” también es prueba de que falta compromiso dela autoridad educativa con la equidad.

En principio las propuestas del secretario Nuño son correctas. Han estado en el debate, de una forma u otra, desde hace años. Es un hecho que no podremos avanzar sin una escuela con mayor autonomía y que los maestros necesitan apoyo urgente, incluyendo los maestros de las escuelas más pequeñas.

Muchos maestros, dice un informe de la OCDE, “enseñan en una escuela por la mañana y en otra por la tarde, o trabajan en otro tipo de empleo. Algunos pueden trabajar por hora en más de dos escuelas. En muchas zonas rurales o aisladas, los maestros enseñan en escuelas pequeñas con pocas oportunidades de trabajo en equipo y aprendizaje entre colegas. Esto plantea preocupaciones sobre la formación, selección y asignación de maestros a las escuelas; las trayectorias profesionales docentes; y, la calidad del apoyo a las escuelas y maestros por parte de los directores escolares, supervisores y otras personas que dirigen y administran el sistema (OCDE, 2010a). A esto se suma el ausentismo y los retardos de los docentes, que reducen las horas efectivas de enseñanza (OCDE, 2009a).”

Esa es la situación. El problema es que la propuesta de Nuño no está enfrentando al mismo tiempo las estructuras anquilosadas y corruptas que sólo han provocado la sumisión de la escuela intereses creados. Difícilmente podemos avanzar, si no cambian las viejas estructuras que permanecen activas prácticamente en todas las entidades del país. Poco nos ha explicado el secretario cómo están funcionando las estructuras administrativas de las cinco regiones que instauró para apoyar a las escuelas y nunca ha mencionado un plan anticorrupción.

Los maestros necesitan apoyo de calidad, tanto en lo administrativo como en lo académico. Sin embargo “la escuela en el centro” no explica cómo se asegurarán recursos de calidad que ayuden a los maestros a cumplir con su cometido. Tampoco explica cómo se va a reducir el ausentismo de los maestros y cómo se incrementará el número de horas efectivas de clase. Eso tiene que ver con la supervisión y el acompañamiento real de directores y supervisores, además de que realmente trabajen los nuevos apoyos que se plantea “la escuela en el centro”.

Por último hay que decir que la propuesta de Nuño pone en el “centro” a las escuelas urbanas, ya de por sí las mejor dotadas. ¿Cuándo le va a tocar a las escuelas pobres, de localidades aisladas, indígenas, tener “cursos de verano”, por ejemplo? ¿Para cuándo TODOS los NNA indígenas recibirán educación en su lengua?

Lo que debe producirse es un traslado de recursos humanos y financieros, administrativos y académicos, de calidad, porque de otra forma en lugar de cambio tendremos un reforzamiento de la situación actual, con más burocracia y más corrupción, perdiendo otra oportunidad de impulsar la reforma educativa que México necesita. Y los apoyos deben de llegar a todas las escuelas de México.

Impulsemos los sistemas de protección de los derechos de NNA

Un instrumento que debe servir para impulsar la equidad en la educación, así como igualdad de trato en materia de salud y de justicia, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es el espacio para abordar la inequidad educativa desde una visión amplia, que dé cuenta de su complejidad e incluya el punto de vista de los afectados por la pobreza, las enfermedades, la inseguridad o el maltrato en el hogar, y construir las nuevas políticas intersectoriales que la eliminen. El secretario Nuño debería voltear a verlo.

El Sistema es un paso importantísimo de la sociedad civil, así como de legisladores y otros actores relevantes, pero sólo es el primero de una serie de pasos que se necesitan para colocarnos en el camino de conseguir efectividad en la garantía de derechos, de acuerdo con el artículo 1º constitucional. Tenemos que pasar de la ley a las políticas y a las acciones.

El asunto es, ¿qué hacemos con el derecho a la educación y todos los demás derechos si, de acuerdo con el CONEVAL(2014), sólo el 17% de la población de 0 a 17 años no se considera pobre y no vulnerable (en el caso de los indígenas la proporción es de apenas 5%)? En otras palabras, ¿qué hacemos si el 83% de los niñas y niñas no ejerce todos sus derechos? ¿Por dónde empezar si el 53.8% del total de esta población (21.2 millones) se encuentra en pobreza?

Las OSC deben exigir que los sistemas comiencen a funcionar ¡YA!, porque el déficit en la garantía efectiva de los derechos es masivo. No podemos ni queremos esperar, ante una situación de graves violaciones de derechos de NNA en Veracruz, Zacatecas y el resto del país. Y eso exige que nosotros vayamos por la pelota: hagámonos cargo de que los sistemas funcionen, por lo menos en lo que a nosotros corresponde. En este sentido veo los siguientes puntos críticos.

  1. El Sistema Nacional empezó tarde, pero ya empezó. Lo mejor es la figura de Ricardo Bucio, su secretario ejecutivo. Sin embargo, la instalación de los Sistemas Locales en los estados de la república, cuando ha ocurrido, ha sido formal y la tendencia es que así permanezcan por un buen rato. Falta desarrollar las dinámicas, con base en las directrices de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional, para que hablemos de Sistemas Locales reales, no virtuales. Se dirá que es la inercia es lo que está privando, pero eso sólo explica, no justifica. ¿Es que los gobernadores no quieren? Pues nosotros sí queremos.
  2. La inercia impide que se entienda que la ley general y las leyes locales mandatan una nueva institucionalidad. Esto implica un DIF encargado de la protección especial, en el marco de un Sistema encargado de asegurar políticas universales para todos los niños y las niñas. Un DIF como una parte muy importante del Sistema, pero no como un todo. Las OSC debemos contribuir a que se produzca esta distinción en estados y municipios.
  3. Necesitamos Sistemas Locales fuertes, con secretarías ejecutivas con capacidad de convocatoria para poder cumplir con su mandato de ley. Si los Sistemas Locales nacen débiles poco podrán hacer para impulsar la coordinación interinstitucional que se requiere y acabarán pidiendo sillas prestadas al DIF para amueblar el rincón al que la inercia los arrojará. Recuérdese que los titulares del ejecutivo son los responsables de los sistemas en los tres órdenes de gobierno. Hay que pasarles el costo, al igual que a todos los actores políticos que quieran ir hacia atrás. Las OSC debemos, con la ley en la mano, contribuir a la construcción de Sistemas Locales relevantes desde el punto de vista de la garantía de derechos.
  4. No se entiende que es necesario asegurar canales para que participe la sociedad civil, incluyendo niñas y niños, en los trabajos del Sistema en todos sus niveles. Es fundamental para la salud de los sistemas incorporar a todo el capital social interesado en la garantía de derechos. De otra forma sólo se reproducirá la vieja lógica centralista, compartimentada (secretarías aisladas) y de funcionamiento a espaldas a la sociedad, de los aportes de la investigación, de la evaluación y de la obtención de resultados con base en indicadores. La participación es una condición ineludible de una nueva gobernanza que revitalice nuestra vida pública. Las OSC debemos presionar y propiciar el debate, estemos dentro o fuera de los sistemas. Bonitos nos veríamos cruzados de brazos ante la negativa antidemocrática.
  5. No se valora la importancia de impulsar Programas Locales, acordes con la realidad de las NNA de cada entidad del país. Obviamente una razón es la falta de experiencia. Pero también está ahí la costumbre de mantener el tema de bajo perfil y la insistencia en aplicar una perspectiva asistencialista, no una mirada de derechos. Hacer este ejercicio bien, desde la primera vez, dará la pauta para visibilizar el tema, movilizar a la sociedad y negociar un presupuesto adecuado en los Congresos locales. Si en cada estado de la república gobierno y sociedad se apropian de un diagnóstico preciso y prioridades claramente definidas por grupos de edad, condición étnica, población rural-urbana, y regiones, así como propuestas de modificación de las políticas federales y estatales, creceremos como gobierno y como sociedad.

Un buen Programa Local puede posicionar a las secretarías ejecutivas al interior de los gobiernos y generar apoyo de las organizaciones. La OSC debemos luchar a brazo partido para que este programa se incluya una política explícita de desarrollo de los sistemas municipales.

  1. En este sentido es necesario hacer un esfuerzo mayor para lograr la instalación de Sistemas Municipales con una mínima calidad. El acta de ciudadanía de un Sistema Municipal no es un formato llenado burocráticamente y sin compromiso, marginando a las organizaciones. Se requiere que las secretarías ejecutivas de los Sistemas Locales hagan una buena convocatoria para integrar las OSC al Sistema Local y llamen explícitamente a las autoridades municipales a abrir las puertas a su participación.

Por otro lado, se requiere retomar la instalación de los Sistemas Municipales desde una lógica de solución de los problemas. Como dice la máxima de la educación popular: “las juntas no juntan, lo que junta es plantearse cómo resolver problemas”, por eso el espacio de los sistemas debe estar abierto al debate. El Programa Municipal es estratégico porque es la forma legal que tienen las demarcaciones para influir en los Programas Locales y, por tanto, en las políticas estatales y federales. La secretaría ejecutiva del Sistema Nacional debe impulsar a las secretarías ejecutivas de los estados a promover la elaboración de Programas Municipales con propuestas de política, para por lo menos poner en el escenario lo que piensan y lo que necesitan, por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación de todos los NNA. Las OSC pueden aportar su experiencia sobre el desarrollo en el terreno local y poner en la mesa propuestas que vayan más allá de soluciones homogéneas que sólo reproducen inequidades.

No hay que decirlo, sino hacerlo. Tenemos la oportunidad de realizar un cambio de política que genere equidad educativa y una nueva institucionalidad para garantizar derechos desde el municipio, cosa pendiente desde hace décadas. El mensaje es que hay que gastar mejor y cambiar las prioridades y que para garantizar el derecho a la educación hay que garantizar otros derechos y recíprocamente.

Mil disculpas, amable lect@r, por empezar hasta febrero, pero necesitaba un respiro para retomar mi narrativa. Deseo para este 2016 que impulsemos una propuesta por la equidad educativa que se plantee cambiar la política actual, que hagamos funcionar los Sistemas Municipales por lo menos ahí donde estamos y que tengamos el coraje de exigir justicia siempre que se ofrezca. Ojalá tengan tiempo de acompañarme en este espacio. Les deseo lo mejor para este año. Abrazo grande.

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